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Tras casi más de 2 décadas de lucha, el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de la Asociación de Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate), con respecto al caso de que 70 hectáreas de playa Cabuyal, en Liberia; son terrenos públicos dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT).
Una familia apellidada Román Ocampo declaraba que dichas tierras eran parte de sus dominios. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2024, el Tribunal tomó una decisión definida como “histórica” por el grupo de vecinos que se unió.
Crhoy.com conversó con Damaris Rodríguez, presidenta de Arezomate, quien reveló que los ciudadanos de la zona están muy contentos con la decisión.
“Nos sentimos muy contentos y satisfechos (…) No es un gane de nosotros como grupo, es un gane para todo el país”, aseveró.
Ella explicó que fue un grupo de ciudadanos los que se unieron con la consigna de que “No se puede privatizar la zona marítimo terrestre“, según lo estipulado en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043.
Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.
Rodríguez explicó que esa familia quería quedarse con un lugar donde hay esteros, manglares y bosques de gran diversidad. Un área que ha estado virgen por muchos años.
Debido a que aparentemente esas personas tenían parte de una estructura en los terrenos públicos. Además, supuestamente, querían explotar más terrenos porque la finca tenía “zona costera“.
Las disputas surgen desde el 2015, cuando Arezomate presentó una demanda contra la familia Román Ocampo, pero también contra la Municipalidad de Liberia, el Registro Nacional y la Procuraduría General de la República.
Los ciudadanos señalaron que estos organismos incumplieron su labor de proteger un patrimonio del Estado.
Sin embargo, el tribunal declaró que la finca tiene límite con la zona marítimo terrestre y no es que esa tierra es parte de los dominios.
La inscripción pretendía adjudicar planos de 10, 59 hectáreas y otro de casi 1 hectárea.
“Ha sido ganar-ganar. Tomamos esta resolución como devolverle soberanía a este país. Aún creemos en nuestra justicia”, aseguró Rodríguez.
La presidenta de la asociación agradeció la ayuda de profesiones como abogados y peritos, quienes les colaboraron y demostraron ser personas “honorables e impecables”.
“Son profesionales que no se venden a cualquier postor”, reiteró.
Doña Damaris reveló que fueron costeando los trámites del proceso “poco a poco”, pues debían sacar los montos de sus bolsillos y de donaciones de ciudadanos.
“Aún vale la pena seguir luchando por este país en el que hemos vivido por tantos años (…) Es para devolverle los costarricenses lo que nos pertenece”, indicó.
No obstante, el grupo se mantiene alerta y al tanto. Según revelaron, la familia Román Ocampo tiene hasta el 21 de febrero para presentar un recurso de casación. Asimismo, playa Cabuyal queda dentro de un sector denominado “Costa Dorada” por un plan regulador.
Las comunidades deben “abrir los ojos”
Damaris Rodríguez fue clara en que los temas que contemplan zonas costeras se vuelven complicados porque recaen en las municipalidades, las cuales casi que los omiten.
“Las situaciones que se han dado a lo largo de los últimos han sido terribles”, aseveró.
La presidenta de la asociación pide a las comunidades que enfrentan problemas similares, que “despierten y abran los ojos” ante la privatización de espacios.
A pesar de que los proyectos habitacionales prometen desarrollo y trabajo, estos son “trabajos de hambre” que no dejan de ser perjudiciales.
“Lo que generan es un desplazamiento de las comunidades costeras. Posiblemente esas personas van a quedar despojadas de las tierras donde nacieron ellos y sus descendientes”, explicó Rodríguez.
Para doña Damaris, este tipo de situaciones solo van a aumentar la pobreza y la desigualdad.
“Las comunidades tiene que abrir más los ojos y unirnos en una sola voz para rescatar las áreas que son de todos”, finalizó.
Source
Daniel Córdoba
